Las diferentes asociaciones de Familiares de Combatientes
de la Guerra Civil Española del estado español se unen para aunar esfuerzos a
la hora de exigir el cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de
Memoria Democrática.
Han transcurrido ya 87 años desde el inicio de
la Guerra Civil Española y 84 desde el triunfo de la coalición formada por las
fuerzas golpistas pertenecientes al Ejército Español y las potencias fascistas
de Italia y Alemania. Asimismo, han pasado 87 años desde que el legal y
legítimo Gobierno de la II República Española y los golpistas, que causaron la
guerra civil, iniciaron un exhaustivo y
prolongado proceso de movilización, reclutamiento y militarización de hombres
jóvenes y adultos destinados a nutrir sus respectivas fuerzas armadas.
Entre el 17 de
julio de 1936 y el 1 de abril de 1939, cientos de miles de ciudadanos de
nuestro país fueron llamados a filas de manera obligatoria e inexcusable,
uniéndose a quienes ya estaban en el Ejército o haciendo el servicio militar. A
ellos se unieron los voluntarios de las Milicias, las Brigadas Internacionales,
las fuerzas coloniales del norte de África y las unidades regulares de las
naciones intervencionistas. Junto a todos los anteriores, también numerosas
mujeres formaron parte de unidades militares, especialmente en los servicios de
sanidad o como milicianas combatientes en el caso republicano. De esta forma,
el número total de ciudadanos/as, mayoritariamente españoles/as, pero también
de más de 53 países, que tomaron parte directa en la Guerra Civil formando
parte de los ejércitos enfrentados, podría rondar los dos millones de personas.
Hoy, 87 años más tarde, todavía se cuentan por
DECENAS DE MILES LOS COMBATIENTES
QUE CONTINÚAN DESAPARECIDOS en los frentes de batalla o en circunstancias
desconocidas de similar dramatismo.
Desde la victoria militar de los sublevados en
1939 han transcurrido 36 años de dictadura franquista y 48 de régimen
parlamentario. A los familiares y descendientes de los combatientes del
Ejército Republicano les han sido negados sistemáticamente sus derechos, tanto
durante la dictadura, como durante el casi medio siglo de régimen democrático.
Todavía hoy sigue sin materializarse y hacerse
efectivo el DERECHO A LA VERDAD Y A LA
REPARACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS COMBATIENTES, su derecho a saber de ellos
y a que el Estado se implique en su búsqueda documental y física, dándose una fuerte situación de desamparo de las
Familias.
Con esta realidad muy presente, tres
asociaciones de Familiares hemos decidido organizarnos para seguir luchando
juntas y reclamar que el Estado español cumpla ya con su obligación de rastrear y proporcionarnos
toda la información disponible sobre nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos y
bisabuelos desaparecidos en combate o estando militarizados en el transcurso de
la GCE, todo ello con el OBJETIVO FINAL DE RECUPERAR SUS RESTOS MORTALES Y DARLES UN
ENTIERRO DIGNO.
Organizadas en una Plataforma, las tres
asociaciones abajo firmantes hacemos público este comunicado para animar a las
familias de combatientes y a otras asociaciones de familiares de combatientes
de todo el Estado a que nos contacten, se unan a la Plataforma y compartan
nuestras reclamaciones, demandas e inquietudes
La pretensión es, a partir de dicha Plataforma,
unir esfuerzos a la hora de exigir el cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19
de octubre, de Memoria Democrática.
Por todo lo expuesto, nuestras propuestas
son las siguientes:
- Que el Registro y Censo de Víctimas a nivel estatal se
complete y se actualice (art. 9).
- Que se cree una Oficina de víctimas a nivel estatal, para apoyo técnico, pero con una línea específica para combatientes
por sus características específicas (art. 10).
- Que el Estado se haga cargo de forma real y activa de la
búsqueda de las personas desaparecidas (art. 16).
- Que se complete y actualice el mapa integrado de localización de
personas desaparecidas a nivel estatal y que se corrijan los errores de
geolocalización de las fosas (art. 17).
- Que el banco de ADN (art. 23) se haga extensivo a las
familias de combatientes. Que se autorice e incluya la toma de muestras de
ADN a las familias de los combatientes desaparecidos a través de un Banco de
ADN único del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de forma
que se garantice la custodia y el cotejo de las secuenciaciones de ADN por
parte del Estado.
- Que todos los documentos para investigación sean descritos,
catalogados y digitalizados (art. 26), así como gratuitos y disponibles on
line.
- Solicitar al
Ministerio de Presidencia y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática
(SEMD) y a cuantas administraciones públicas sea necesario, incluidos el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, que se incorpore
dentro de la Oficina de Atención a las Víctimas, un grupo multidisciplinar de
trabajo que rastree documentalmente, extraiga datos de manera
sistemática y elabore una base de datos de los combatientes que aparezcan
nombrados en los documentos generados por ambos ejércitos durante la GCE, y que
se conservan en los archivos históricos militares, eclesiásticos y civiles. Que
dicho trabajo de investigación incluya el procesamiento de los libros de los Registros
Civiles de nacimientos y defunciones de los años de Guerra Civil e
inmediatamente posteriores, así como de los registros parroquiales, cementerios
municipales y juzgados de paz de la totalidad de los municipios del Estado.
- Que el grupo de investigadores multidisciplinar tenga encomendado
rastrear a a nuestros familiares desaparecidos, recabando la información de
sus unidades y trayectorias bélicas.
- Que se cree un canal accesible y bidireccional de comunicación entre el grupo de trabajo multidisciplinar estatal, la Plataforma de Asociaciones de Familiares de Combatientes Desaparecidos y las Familias.
- Que exista una coordinación del Estado con las diferentes Comunidades Autónomas respecto a las exhumaciones e identificaciones, de manera que siempre se cotejen los datos para encontrar a los familiares.
- Que el Estado, y en su caso también el Ministerio de Defensa, asuman la búsqueda, exhumación, recuperación, identificación y restitución de los combatientes desaparecidos mediante un procedimiento tasado que facilite la tramitación de las solicitudes de las familias, así como su asunción de oficio por parte del Estado.
Asimismo, observamos con gran preocupación
e indignación las grandes desigualdades en la gestión de las diferentes
Comunidades Autónomas en relación con la financiación e implementación de
los proyectos de localización, exhumación e identificación de combatientes desaparecidos. Por este motivo, instamos a controlar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática por parte de todas las Comunidades Autónomas a través de los organismos estatales que correspondan.
Al tiempo que trasladamos todas estas reivindicaciones al Estado y a las diferentes administraciones públicas, con especial atención al Ministerio de Defensa, a la SEMD, y al Ministerio de Cultura (archivos), nuestra plataforma se plantea poner en valor el valioso trabajo de la red de investigadores, historiadores, arqueólogos y antropólogos, que llevan años ayudando a la Familias de los combatientes con sus conocimientos acerca de los movimientos de unidades, la organización territorial, orgánica y sanitaria de los ejércitos, así como en todo lo relativo a las exhumaciones e identificaciones.
Esperando que nuestra iniciativa de crear una Plataforma de asociaciones de familiares de combatientes, con el objetivo de
resolver una cuestión postergada durante nueve décadas tan vital para las Familias, resulte de vuestro interés y queráis uniros a ella, ponemos a vuestra disposición el siguiente correo:
plataforma.combatientes@gmail.com
Recibid un saludo cordial de las asociaciones
impulsoras de la Plataforma:
